Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en los hechos conocidos como la masacre de Arantepacua, ocurridos en abril de 2017. La decisión judicial se suma a otros 15 mandamientos emitidos contra funcionarios de su administración, incluyendo al exsecretario de Seguridad Pública y a elementos operativos, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
De acuerdo con la información recabada por medios nacionales, la autoridad jurisdiccional concedió un total de 16 órdenes de aprehensión individuales tras analizar la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. Además del exmandatario estatal, los documentos judiciales señalan a Juan Bernardo Corona Martínez, quien se desempeñaba como titular de la secretaría de Seguridad durante el sexenio de Aureoles, así como a 14 agentes de la Policía Estatal que participaron directamente en el operativo del 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Los hechos que motivan estas acciones legales se remontan a un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, el cual derivó en bloqueos carreteros y la posterior intervención de fuerzas del estado. Mientras algunas fuentes periodísticas indican que la tensión escaló tras la detención de representantes comunales que acudían a una mesa de diálogo el 4 de abril, otras versiones se centran exclusivamente en el despliegue policial ocurrido al día siguiente, donde se registraron cuatro muertes y múltiples actos de violencia contra la población civil.
La magnitud del operativo ha sido objeto de discrepancias en los reportes iniciales. Algunas publicaciones mencionan la participación de más de 800 elementos policiales, mientras que el dato duro confirmado por las órdenes judiciales se limita a la imputación de responsabilidades contra 14 agentes específicos. Asimismo, existen diferencias en la tipificación de los delitos; aunque la mayoría de las fuentes coinciden en homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, algunos medios han incluido el término “homicidio extrajudicial” en sus coberturas, descripción que no aparece explícitamente en el listado oficial de cargos proporcionado por la fiscalía.
Este nuevo desarrollo judicial ocurre en un contexto de exigencia de justicia por parte de familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han mantenido el caso en la agenda pública durante casi nueve años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido en 2020 una recomendación documentando violaciones graves durante la incursión policial, incluyendo ejecuciones, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, lo que sentó precedentes para las actuales investigaciones del fuero común.
Con la emisión de estas órdenes de aprehensión, la justicia local busca esclarecer la cadena de mando que permitió el uso excesivo de la fuerza en la Meseta Purépecha. Las autoridades competientes ahora tienen la tarea de ejecutar los mandamientos judiciales para llevar ante un tribunal a los 16 implicados, cuyo proceso legal definirá las responsabilidades penales exactas en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de seguridad en Michoacán.
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