Alumnas de secundaria en Tijuana hostigaban compañeras para prostituirlas
Tijuana, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, luego de detectarse una presunta red de hostigamiento al interior de la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Altamira de este municipio.
De acuerdo con los datos duros de la carpeta de investigación con número de folio 0204-2026-2349, el caso fue activado a raíz de una denuncia presentada por una madre de familia, quien alertó sobre hechos difundidos inicialmente a través de redes sociales. En el expediente figuran dos alumnas de entre 13 y 14 años de edad como presuntas responsables de actos de hostigamiento, mientras que otras dos estudiantes son identificadas como las presuntas víctimas, siendo una de ellas menor de 13 años.
La atención del caso recae bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género, encabezada por la fiscal Hortencia Noriega. Las autoridades han confirmado la integración de los primeros elementos probatorios, aunque hasta el momento no se han detallado las características operativas de la presunta red ni la identidad de posibles clientes o participantes externos a la institución educativa.
El contexto del caso señala que los hechos ocurrieron en las instalaciones del plantel educativo situado sobre la Avenida Buenos Aires. Si bien la investigación se centra inicialmente en la interacción entre las menores involucradas, la naturaleza del delito investigado implica la posibilidad de la participación de adultos, un aspecto que las autoridades no han descartado pero que aún requiere determinación conforme avance el ministerio público en la recolección de evidencias.
La FGE mantiene bajo resguardo la identidad de las menores involucradas, tanto de las señaladas como de las afectadas, en apego a la legislación de protección a la infancia y adolescencia. El caso ha puesto en alerta a la comunidad escolar y a las familias de la zona, mientras la fiscalía especializada continúa con las diligencias necesarias para esclarecer la magnitud de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
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