Madrid, 22 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante casi tres horas (156 minutos) ante la Audiencia Nacional este pasado miércoles 21 de junio de 2026. Tras la comparecencia, el juez instructor José Luis Calama rubricó un auto indicando que el investigado no había logrado “desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”.
Al salir del tribunal, Zapatero pidió la confianza de los ciudadanos y afirmó: “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE declararon su respaldo y empatía hacia el expresidente y sus hijas, quienes fueron imputadas un día después. “Confiamos en su inocencia”, señaló Sánchez.
En su resolución, el juez Calama mencionó específicamente una comida celebrada en el restaurante Portonovo de Madrid el 26 de enero de 2021, donde estuvieron presentes el empresario Julio Martínez Martínez y el militante socialista Tomás Guerrero Blanco. Según el auto judicial, no queda claro si José Luis Rodríguez Zapatero fue el otro comensal o si conoció esa comida de alguna manera.
La relación entre el expresidente y el empresario se remonta a 2011, año en que Martínez Martínez compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa. Posteriormente, en febrero de 2020, el empresario montó la consultora Análisis Relevante, para la que trabajó Zapatero hasta finales de 2025. Sobre los fondos de esta empresa, el juez explicitó: “Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas”.
Zapatero describió sus labores de consultoría como la elaboración de “informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias”, aclarando que estas tareas podían incluir viajes, comidas o consultas, y no necesariamente documentos escritos. Sin embargo, un punto débil de su versión es la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de dichas labores para Análisis Relevante.
Respecto al rescate de 53 millones de euros entregado desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, el sumario no contiene ninguna prueba directa de que Zapatero ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para conseguirlo.
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