Por Redacción
Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para informar sobre los avances en las indagatorias.
Durante el encuentro, en el que participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria señaló que se logró identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas al caso y que realizaron llamadas asociadas a la desaparición forzada durante y después de los crímenes. “Hoy están detenidas”, afirmó Sheinbaum Pardo respecto a estos nuevos implicados.
La Presidenta indicó que hasta el momento hay 17 militares presuntamente implicados detenidos y aseguró que no se ha descartado ninguna línea de investigación. Sin embargo, Isidoro Vicario, abogado de las familias, destacó que si bien se reconocen los avances, estos son insuficientes para conocer el paradero de los estudiantes.
En la reunión, los padres y sus representantes legales insistieron en varias demandas, entre ellas que el Ejército entregue los ‘folios’ de información que posee y que consideran clave para dar con el paradero de sus hijos. También exigieron elementos suficientes para fincar responsabilidad por los hechos a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, quien está detenido desde principios de este mes.
Sobre la solicitud de regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones, Vicario indicó que hubo un compromiso de la Presidenta. “Encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”, dijo el abogado.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo. El militar, procesado por su presunta participación en los hechos, enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024.
El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había pedido a la Corte definir si los familiares de los estudiantes, como víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver una suspensión en el amparo promovido por el militar.
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