Ciudad De México, 10 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó, por mayoría de cinco votos contra tres, el amparo solicitado por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, originaria de San Luis Potosí, quien fue amenazada por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima.
El tribunal consideró que la reportera impugnó un día fuera del plazo legal la reducción de sus medidas de protección. La resolución declaró válido el inciso II del artículo 57 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, norma que establece un plazo de 30 días naturales para impugnar los acuerdos de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.
El proyecto que sustentó la negativa del amparo fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz, quien determinó que la impugnación de Gómez Vázquez llegó un día después del plazo establecido. El grupo mayoritario, integrado también por los ministros Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Estela Ríos, argumentó que el plazo de 30 días resulta suficiente y prudente.
Asimismo, la mayoría sostuvo que sin un límite temporal las medidas podrían ser revocadas o modificadas de manera indefinida y señaló que la reportera tiene la posibilidad de volver a solicitar protección. Al defender su postura, la ministra Ortiz declaró: “No hay nadie más defensora de los derechos humanos que su servidora, basta ver mis precedentes”.
Los hechos que motivaron la incorporación de la periodista al Mecanismo de Protección ocurrieron en 2019, cuando sufrió amenazas, actos de intimidación, el allanamiento de su domicilio y un ataque armado atribuidos al cártel. En ese entonces, el Mecanismo le brindó apoyo para reubicarse junto con sus dos hijas menores de edad, además de alojamiento, alimentación, acceso a internet y un botón de asistencia.
En 2023, el Mecanismo retiró la mayor parte de esas medidas y sólo mantuvo un número de emergencia, el botón de asistencia y el aviso a autoridades estatales. La periodista impugnó dicha decisión por considerarla insuficiente.
En contra de la propuesta mayoritaria votaron el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, junto con los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístides Guerrero, quienes sostuvieron que el plazo debía aplicarse con flexibilidad. Aguilar advirtió sobre el contexto de violencia: “No debemos de perder de vista la situación que viven los periodistas en el país. No hace mucho se dio cuenta cómo una periodista incluso grabó el momento en que fue detenida y la noticia es que fue asesinada”.
El ministro presidente añadió detalles sobre el caso particular: “En este caso, estamos frente a una mujer periodista con dos hijas que tuvo que cambiarse de ciudad, e incluso tiene una enfermedad que de pronto le paraliza las piernas”.