Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de estos delitos en el país. La decisión se basa en que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, explicó Juan Pablo Albán, presidente del Comité.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en un uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
El informe detalla patrones de desapariciones forzadas en cuatro estados paradigmáticos: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia del delito en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” entre 2006 y 2016, identificando colusión entre autoridades de los tres niveles.
La FIDH halló que entre 2009 y 2012 fuerzas policiales de Coahuila secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que entre 2012 y 2016 autoridades estatales llevaron a cabo directamente las desapariciones mediante fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. Se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos crímenes. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno mexicano planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. Durante su visita en 2021, el organismo ya había emitido 84 recomendaciones al gobierno mexicano, tras recibir testimonios que relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos.
About The Author
