Fotografía de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVER
Washington, 14 de julio de 2026.- Un análisis del Center for American Progress (CAP) publicado este lunes sostiene que los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el presidente Donald Trump en ciudades gobernadas por demócratas no han logrado reducir los delitos violentos. El informe menciona específicamente a Los Ángeles, Washington, Memphis y Nueva Orleans como las ciudades objeto de esta intervención federal.
El estudio determinó que la tendencia de disminución de delitos ya existía en algunas urbes antes del despliegue e incluso registró aumentos pequeños durante la intervención. En Los Ángeles, la tasa de delitos violentos mensuales por cada 100 mil habitantes era de 56.86 cuando se realizó el despliegue, pero en diciembre de 2025 subió a 58 puntos. Por su parte, en Washington, la tasa pasó de 13.27 en agosto de 2025, cuando se enviaron las tropas, a 19.68 en febrero de 2026.
La investigación subraya que las ciudades que fueron objeto o amenazadas con los despliegues registraron una disminución promedio del 14% en delitos violentos y del 22% en homicidios durante los 12 meses previos a la intervención federal. Estos datos contrastan con las afirmaciones repetidas de Donald Trump, quien ha asegurado que el despliegue ha tenido éxito y se adjudica una baja en la delincuencia.
En junio de 2025, Trump tomó el control de los soldados de la Guardia Nacional en California sin la anuencia del gobernador demócrata Gavin Newsom. La Casa Blanca justificó dicha acción asegurando que buscaba regresar la seguridad a Los Ángeles tras las protestas por las redadas migratorias. Asimismo, el mandatario intentó implantar despliegues similares en Chicago y Portland, pero los tribunales federales se lo impidieron.
Chandler Hall, citado en el reporte, declaró: “Los datos finalmente han desmentido la retórica: la estrategia insignia de seguridad pública de Donald Trump no ha tenido ningún efecto cuantificable en la reducción de los delitos violentos, y sin embargo costará a los contribuyentes cerca de 2 mil millones de dólares para finales de año”. El CAP estima dicho costo para los contribuyentes y califica las medidas como “costosos e inefic”.
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