Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanza niveles críticos, evidenciada por una impunidad estructural donde solo 1 de cada 10 casos logra una resolución efectiva, simultáneamente a una ola de violencia que dejó 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo de 2026, según reportes de organizaciones civiles presentados en la capital.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, elaborado por México Evalúa con base en datos del INEGI, revela que aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, apenas el 6.28% de estos procedimientos logran avanzar hasta una acción penal concreta. Esta desconexión entre la denuncia y la sanción perpetúa un ciclo de inseguridad jurídica que afecta a la población.
La gravedad del fenómeno varía según la región, destacando estados como Coahuila y Durango, donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 90.7% y 92.6% respectivamente. Estos porcentajes indican que la mayoría de las víctimas optan por no acudir a las autoridades, probablemente por la falta de confianza en la capacidad del sistema para ofrecer respuestas reales o por temor a represalias.
En paralelo a la ineficacia judicial, la organización Causa en Común documentó un incremento alarmante en la violencia dirigida contra fuerzas de seguridad. El reporte indica que 82 elementos policiales fueron ejecutados o asesinados en los primeros dos meses y medio de 2026, lo que sugiere un ataque directo a la estructura operativa del estado y una intimidación sistemática hacia quienes tienen la tarea de investigar los delitos.
La convergencia de estos factores —alta impunidad, baja denuncia y letalidad contra policías— dibuja un escenario donde el Estado de Derecho se encuentra severamente debilitado. La incapacidad para procesar penalmente a los responsables de los delitos, sumada a la vulnerabilidad extrema de los agentes encargados de aplicar la ley, genera un entorno propicio para la consolidación de grupos criminales.
Ante este panorama, expertos y organizaciones de la sociedad civil advierten que sin reformas profundas que aborden tanto la eficiencia procesal como la protección del personal de seguridad, el sistema de justicia continuará colapsando bajo el peso de la delincuencia y la desconfianza ciudadana, dejando a la población sin mecanismos efectivos de defensa.
About The Author
