Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una ola de violencia armada impactó esta semana a Guanajuato y Oaxaca con ataques directos contra figuras públicas y civiles, incluyendo el asesinato del esposo de una alcaldesa, el feminicidio de una joven emprendedora y el ataque a un activista ambiental. Los hechos ocurrieron entre el 11 y el 14 de marzo en distintos municipios, donde las autoridades investigan los motivos y buscan a los responsables.
En Jerécuaro, Guanajuato, Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa municipal, fue asesinado a balazos la noche del jueves 13 de marzo en un establecimiento comercial. El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas, generando alerta entre las autoridades locales por tratarse de un familiar directo de una funcionaria en ejercicio.
Paralelamente, en Juchitán, Oaxaca, Araceli Nieto, una joven emprendedora de 19 años, fue victimada a tiros en un hecho que las autoridades investigan como feminicidio. Este caso se suma a los 11 feminicidios registrados en Oaxaca durante lo que va de 2026, según cifras oficiales.
En Nayarit, la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de 100,000 pesos por información que permita capturar al atacante de Erik Saracho Aguilar, activista ambiental que fue agredido el miércoles 11 de marzo alrededor de las 06:30 horas en Bahía de Banderas. Saracho había participado previamente en reuniones con desarrollistas, aunque se desconoce si existe relación directa con el ataque.
El contexto de violencia se extiende a otros estados, donde católicos realizaron viacrucis en Chiapas exigiendo justicia por el asesinato del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, mientras en Sinaloa se registraron incidentes con drones armados que no corresponden geográficamente al eje central de este cluster.
Las investigaciones en los casos de Guanajuato y Oaxaca continúan sin detenidos, mientras las fiscalías estatales trabajan para determinar los motivos exactos de los ataques y la posible participación de grupos delictivos. La escalada de violencia contra figuras públicas y civiles refleja los desafíos de seguridad que persisten en múltiples regiones del país.
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