Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato por 4,500 millones de pesos con la empresa Next Energy. La decisión judicial se tomó tras una audiencia que inició el 23 de marzo y concluyó este 24 de marzo en la ciudad de Mexicali, donde el magistrado Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos para investigar al exmandatario por el delito de uso ilícito de facultades.
La investigación de la Fiscalía General del Estado se centra en un acuerdo plurianual a 30 años para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según los datos duros del caso, el contrato implicaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos, habiéndose realizado un pago inicial por ese mismo monto entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022. Las autoridades señalan que la planta nunca fue construida.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable. Los defensores sostuvieron que el proyecto se trató de un contrato para la adquisición de un servicio y no de un crédito fiscal. Además, la defensa enfatizó que los pagos cuestionados se efectuaron después de que Bonilla dejó la administración estatal en octubre de 2021, buscando con ello desvincular al exgobernador de la acusación de abuso de autoridad durante su mandato.
El proceso judicial ocurre en un contexto de tensión política entre el exgobernador, quien ahora funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena. Este caso marca un precedente al ser Bonilla el primer exgobernador surgido de las filas de Morena en Baja California que es acusado abiertamente de corrupción por la administración estatal actual.
El juez de control estableció un plazo de seis meses para la investigación formal de los hechos. Mientras se desarrolla el proceso legal, la controversia sobre la validez del contrato y la ejecución de los recursos públicos de 4,500 millones de pesos continúa siendo un tema central en la agenda política del estado fronterizo.
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