Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El funcionario quedó sujeto a proceso por autorizar el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a una empresa financiera que, según la investigación, no realizó ningún trámite para gestionar un crédito bancario de 300 millones de pesos para el gobierno municipal de Los Cabos.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para Sotelo Burgoin: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. Con esta decisión, el ex oficial mayor se suma al exalcalde Óscar Leggs Castro y al extesorero Martín Talamantes, quienes fueron los primeros dos exfuncionarios del Ayuntamiento vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso y calificó la información como errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al comunicador y señaló: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. Por su parte, Carlos Jiménez respondió a la amenaza de demanda asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso, mencionando que la amenaza es un intento de silenciarlo por evidenciar su “sucia realidad”.
Respecto al caso del exfutbolista Omar Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, su defensa solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada. Bravo seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco, donde podría permanecer hasta por dos años mientras se resuelve su situación legal. Un juez dictó vinculación a proceso contra él el pasado 4 de octubre.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos por los cuales se imputó a Bravo es cuando la menor tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “La pena sería de 5 a 10 años de prisión”, indicó el defensor, mientras que la defensa de la víctima solicitaría una condena en ese rango. Las autoridades podrían imponer hasta 20 años de prisión en caso de determinar su culpabilidad.
Finalmente, Doña Carlota Alfaro, mujer involucrada en un doble homicidio en Chalco, Estado de México, relató que actuó en defensa propia ante el miedo por su vida y la de sus hijos. Denunció que la corrupción de los Ministerios Públicos la orilló a actuar por justicia propia tras hacer caso omiso a sus denuncias por despojo. “No debí hacerlo, pero si no lo hacía, no lo estaría contando”, expresó sobre el enfrentamiento con los invasores de su domicilio.
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