4 El exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez admite su responsabilidad, pero señala que actuó bajo instrucciones de altos funcionarios para favorecer intereses políticos externos
La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal señaló a la exfuncionaria como operadora de Adán Augusto López Hernández y detalló que las investigaciones de inteligencia patrimonial detectaron 3,591 operaciones financieras que suman 54 millones 876 mil 222 pesos con origen en cuentas bancarias del instituto.
De acuerdo con la información recabada por la autoridad, la imputación específica contra Villarreal González corresponde a la disposición de 762 mil pesos para uso personal durante su gestión. En el mismo esquema de corrupción han sido detenidos previamente Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del organismo, quien lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado, así como Edy Hassan, socio del excontador, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano de este último.
Además de la exdirectora, también fue llamado a cuentas Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del INVI, quien enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, fuentes de la Contraloría Estatal citadas por medios locales indican que tanto Villarreal como Reyes debieron ser acusados inicialmente por peculado, advirtiendo que el delito por el que fueron señalados podría ser desechado en etapas posteriores del proceso legal.
La investigación revela que la red de corrupción involucra al nuevo director del INVI, Benjamín García Meza, quien asumió el cargo el 2 de octubre de 2023. Documentos en poder de la prensa local señalan que García Meza estuvo relacionado con el desfalco y autorizó transferencias mientras la cuenta se vaciaba, aunque no se ha especificado su estatus legal actual ni si enfrenta cargos formales por estas omisiones.
El caso mantiene bajo escrutinio al Instituto de Vivienda de Baja California Sur, donde la Fiscalía Anticorrupción continúa con las indagatorias para determinar el alcance total del daño patrimonial. Mientras Javier Ramírez Manjarrez permanece privado de su libertad desde hace más de dos años, los nuevos vinculados a proceso enfrentan la etapa judicial por el manejo irregular de fondos públicos que superan los 54 millones de pesos.
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