Ciudad De México, 01 de junio de 2026.- Un grupo de 53 trabajadores de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), despedidos hace cinco años mediante una llamada telefónica, solicitó a la doctora Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), su intervención para resolver la falta de pago de las indemnizaciones que por ley les corresponden.
Los ex empleados, quienes laboraron en la institución entre cinco y 25 años, expresaron en una misiva reciente su descontento por “la poca o nula importancia otorgada para impulsar la ciencia en todos sus niveles”. La solicitud se dirige a Ruiz, quien anteriormente presidió la AMC durante el bienio 2008-2010, periodo en el que algunos de los afectados laboraron con ella.
Según los hechos reportados, la administración de la AMC redujo las prestaciones y procedió al despido tras una caída abrupta en sus funciones y alcances desde 2018, derivada de restricciones gubernamentales. Mientras que la institución recibió 73 millones de pesos en 2018, sus recursos bajaron drásticamente después de ese año, en contraste con los 42 millones obtenidos en 2005.
En aquel momento, el representante legal de la AMC solicitó a los trabajadores firmar un convenio donde la institución manifestaba su voluntad de pagar lo debido en un plazo máximo de 36 meses. Muchos aceptaron la firma bajo la advertencia de que, si algo les ocurría por la pandemia de covid-19, se quedarían sin nada. Sin embargo, 67 meses después, apenas 10 de esos trabajadores han logrado recibir los beneficios legales.
Los directivos de la AMC han argumentado que les resulta difícil, lento y complicado conseguir recursos para cubrir las indemnizaciones pendientes. Cabe señalar que mientras los trabajadores despedidos devengaban salarios de 7 mil a 16 mil pesos, los mandos medios y quienes manejan administrativamente la institución percibían entre 30 mil y 100 mil pesos.
Ante la falta de respuesta, un grupo de afectados demandó a la AMC ante las autoridades del Trabajo, pero los directivos no respondieron. Hace cinco años, los trabajadores ya habían expresado su inconformidad al entonces presidente López Obrador, sin obtener respuesta alguna, situación que se repitió con otros funcionarios involucrados como el Conacyt y las propias autoridades laborales.
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