Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron este día en la presidencia municipal para denunciar presuntos actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Los empleados aseguraron que personal contratado externamente está realizando las funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y alegan que esta situación facilita irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Servicio Público de Torreón (SUETSRT), encabeza las quejas junto con los trabajadores afectados. Entre las acusaciones específicas figura la presencia de “tranzas” o desvíos de recursos provenientes de la recaudación, facilitados por la operación de dicho personal externo. Los sindicalizados buscaron una audiencia con Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento, y con el tesorero Javier Lechuga Jiménez, para exponer su inconformidad.
El alcalde Román Alberto Cepeda González respondió a las acusaciones calificándolas como argumentos que se respetan y validan, pero que responden a reacomodos administrativos. El edil atribuyó la inconformidad a ajustes necesarios para mejorar la eficiencia del área de Ingresos y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores. Además, ofreció su respaldo al director de Ingresos, Roberto Barrios, y al subdirector Miguel Ramos, quienes mantienen sus operaciones en el área de Ingresos ubicada en la Plaza Mayor.
Las oficinas de Rezagos y Notificaciones de la Tesorería, donde se ubica parte del personal cuestionado, se encuentran en el edificio del antiguo Banco de México, en la avenida Morelos y calle Cepeda. La disputa surge en un contexto de crecimiento significativo del presupuesto municipal, el cual pasó de 2 mil 850 millones de pesos ejercidos en 2022 a casi 6 mil millones de pesos en el ejercicio actual de 2026.
Hasta el momento, no se han presentado evidencias documentales concretas sobre los montos específicos o casos particulares de las supuestas irregularidades, ni se ha detallado la identidad y procedencia exacta del personal externo contratado por honorarios. La administración municipal sostiene que las medidas implementadas buscan optimizar la recaudación, mientras los sindicalizados insisten en que se les está desplazando de sus funciones naturales.
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