Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el órgano electoral ya determinó que no se cometió ningún delito y destacó que dicha institución cuenta con mecanismos propios para revisar posibles violaciones a las leyes electorales.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al abordar el tema. Asimismo, indicó que corresponde analizar los fundamentos en los que se basó el tribunal para emitir dicha resolución, subrayando la validez de la decisión emitida por la autoridad competente en la materia electoral.
La controversia surge a raíz de las grabaciones realizadas en 2020 por David León, las cuales fueron difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola a través del medio LatinUS. En dichos videos, Pío López Obrador es mostrado recibiendo paquetes de efectivo; en su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ese dinero estaba destinado al partido Morena.
En contraste con la postura oficial, Carlos Loret de Mola denunció que la absolutoria representa “una venganza del régimen”. El periodista argumentó que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar al hijo del ex presidente, cuestionando la imparcialidad del proceso. Ante la situación, Loret de Mola ha reportado riesgos para su seguridad.
Como respuesta a las difusiones y acusaciones, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola, cada una por un monto de 200 millones de pesos. Estas acciones legales buscan reparar el perjuicio supuesto a la reputación de los involucrados tras la publicación de los materiales audiovisuales.
Medios de comunicación y analistas han señalado que la resolución del TEPJF refleja la existencia de un “tribunal constitucional a la medida”, capaz de absolver hechos que, según sus criterios, eran inabsolvibles. Esta divergencia de interpretaciones marca la polarización entre la validación institucional del gobierno y las críticas de sectores periodísticos que consideran que la decisión carece de sustento fáctico frente a la evidencia presentada originalmente.