Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación, realizada el 25 de marzo con 128 senadores presentes, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, permitiendo que la iniciativa continúe su proceso legislativo pese a la división en el Congreso.
La aprobación contó con el respaldo unido de las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). En sentido contrario votaron los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano. Aunque la coalición oficialista logró sacar adelante el dictamen en lo general, la sesión evidenció fracturas respecto al contenido específico de la reforma, particularmente en lo concerniente a la revocación de mandato.
El núcleo de la propuesta presidencial, que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027 —lo que habría obligado a Claudia Sheinbaum a someterse a una evaluación ciudadana a mitad de su sexenio—, fue rechazado. Esta exclusión se debió principalmente a la negativa del Partido del Trabajo, aliado estratégico del gobierno en la Cámara baja pero con postura divergente en este punto específico dentro del Senado. Como resultado, el texto aprobado elimina la posibilidad de dicha consulta temprana.
Entre las medidas que sí fueron integradas al proyecto aprobado destacan el tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal correspondiente. Asimismo, se determinó la eliminación de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. También se incluye un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto operativo del Senado.
La discusión legislativa estuvo marcada por posturas encontradas sobre el impacto real de la reforma. Mientras el oficialismo presentó las medidas como un mecanismo para fortalecer la democracia y eliminar privilegios onerosos, sectores de la oposición y análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron sobre posibles retrocesos. Algunas fuentes oficiales señalaron un ahorro significativo en recursos públicos, mientras que evaluaciones técnicas sugieren que la supresión de bonos por trabajo extra durante años electorales podría incrementar el gasto al requerir otros mecanismos para garantizar los derechos laborales del personal electoral.
Durante el debate, surgieron menciones sobre presiones y ofertas políticas en torno a la votación, señalamientos realizados públicamente por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Sin embargo, el texto final refleja un acuerdo parcial que deja fuera la aspiración mayor del Ejecutivo federal respecto a la revocación de mandato, consolidando una reforma electoral que modifica la estructura de costos y beneficios de los cargos de elección popular y de los organismos autónomos, pero sin alterar la duración del mandato presidencial actual.
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