Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 en la capital del país, con el objetivo de incorporar el principio de igualdad sustantiva en la función jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto que contó con la presencia de legisladores y representantes de la sociedad civil.
Paralelamente a este avance institucional, organizaciones de derechos humanos como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser meramente declarativos. Las agrupaciones demandan la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que haga vinculantes estas garantías, aunque la investigación actual no especifica el estatus legislativo de dicha propuesta ni su contenido detallado.
En el ámbito legislativo, la senadora Malú Micher realizó un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados de la República, buscando armonizar el marco jurídico nacional. Este esfuerzo se suma al contexto de transparencia de datos, donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, reportada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, agrupa más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, consolidándose como una de las mayores de América Latina.
Sin embargo, el discurso de avance en materia de justicia contrasta con casos específicos que generan cuestionamientos sobre la procuración de justicia. La investigación señala una actuación controversial de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este evento ha sido identificado como una posible contradicción entre las políticas institucionales de no discriminación y la práctica judicial en casos concretos, involucrando también a figuras como José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández.
A pesar de los anuncios de colaboración entre la SCJN y el Conapred, la investigación no detalla los mecanismos operativos específicos que se implementarán para lograr la igualdad sustantiva en las sentencias, ni establece plazos de seguimiento para la armonización legislativa exigida por el Senado. Asimismo, no se registra una reacción oficial del Poder Judicial frente a las críticas surgidas por el caso de la jueza Duarte Cedillo.
La convergencia de estos eventos refleja un panorama complejo en el sistema de justicia mexicano, donde coexisten esfuerzos oficiales por fortalecer los derechos humanos con demandas sociales por una aplicación efectiva de las leyes y casos particulares que ponen a prueba la credibilidad del sistema judicial.
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