marzo 26, 2026

Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez constitucional de los artículos de la Ley Minera que reservan al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. La resolución, emitida este martes 24 de marzo, responde a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por senadores de oposición, quienes impugnaban la reforma que nacionalizó el estratégico mineral.

El pleno del máximo tribunal actuó por unanimidad para avalar los artículos 1, 5 bis y 10 de la normativa vigente. En su dictamen, los ministros determinaron que es facultad del legislador establecer que la explotación de este recurso sea exclusiva del sector público, descartando la posibilidad de otorgar concesiones a particulares para su extracción.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien fungió como ponente del proyecto, guió el análisis jurídico que concluyó con la validación de los preceptos impugnados. La Corte sostuvo que la reserva estatal del litio y la prohibición de concesiones privadas se ajustan al marco constitucional, blindando jurídicamente la política energética y minera implementada por el gobierno federal en la materia.

Como parte de la resolución, se ratifica la declaración de zonas de reserva minera para todos los yacimientos de litio en el territorio nacional. Asimismo, se valida la previsión legal para la creación de un organismo público descentralizado encargado de la gestión, operación y comercialización del mineral, consolidando el modelo de administración estatal sin participación de inversionistas privados en la cadena de extracción.

Con este fallo, la SCJN pone fin a la controversia jurídica iniciada en 2022 por legisladores opositores, cuyos nombres específicos no fueron detallados en el resumen de la sesión, pero cuya acción buscaba frenar la exclusividad estatal. La decisión fortalece la posición jurídica del Ejecutivo para desarrollar proyectos de extracción de litio bajo el esquema de empresa pública, tal como fue establecido en la reforma a la Ley Minera.

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