Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la reforma que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración y explotación del litio. La resolución, emitida el 24 de marzo de 2026, dio validez a los artículos 1, 5 bis y 10 de la Ley Minera modificada en 2022, tras analizar la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por una minoría de senadores de oposición.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra actuó como ponente del proyecto que fue aprobado por el alto tribunal. En su análisis, la Corte concluyó que la norma no requiere de una consulta previa a pueblos indígenas y afroamexicanos, al determinar que se trata de una disposición de carácter general sin un impacto directo e inmediato sobre estas comunidades.
Con este fallo, se mantiene el marco jurídico que establece al litio como un recurso estratégico bajo control gubernamental, impidiendo la participación de privados en su extracción. La decisión judicial pone fin al debate legal iniciado hace cuatro años respecto a la facultad del Ejecutivo para nacionalizar este mineral mediante decreto y posterior reforma legislativa.
La validación de los artículos cuestionados consolida la política energética actual en torno a este recurso, rechazando los argumentos presentados por los legisladores inconformes que buscaban revertir la exclusividad estatal. No se detallaron en la resolución posiciones específicas de otros ministros ni la composición exacta del voto más allá de la aprobación del proyecto presentado por la ponente.
Esta determinación ocurre en un contexto donde la explotación del litio sigue siendo un tema central en la agenda de soberanía energética del país. La sentencia de la SCJN establece un precedente sobre la interpretación de las reformas constitucionales y legales en materia de recursos naturales, cerrando la vía judicial contra la reserva estatal del mineral.
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