Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza por tercera vez un proyecto para definir si las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse con base en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ante una contradicción de criterios entre sus extintas salas. La discusión, impulsada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, tiene una gran implicación económica, pues el salario mínimo diario para 2026 es de $315.04 pesos, mientras que la UMA diaria es de $117.31 pesos, una diferencia cercana al 300% que afectaría directamente a los deudos.
El caso llega al pleno de la Corte luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito denunciara una posible contradicción entre los criterios establecidos por la Primera y la Segunda Sala de la SCJN. En marzo de 2024, la Primera Sala resolvió que para compensar el lucro cesante (los ingresos que el fallecido dejó de percibir) podía usarse el salario mínimo como parámetro. Sin embargo, en julio del mismo año, la Segunda Sala determinó en el asunto 363/2024 que es constitucional utilizar la UMA para dicho cálculo.
Esta discrepancia jurídica genera incertidumbre en los tribunales del país y desigualdad en las compensaciones que reciben las familias de las víctimas, dependiendo de qué criterio aplique el juzgador. El proyecto de la ministra Batres, que se programa por tercera ocasión para discusión, busca unificar la jurisprudencia y establecer un parámetro claro y obligatorio para todos los juzgados.
El debate toca fibras sensibles en materia de derechos humanos y justicia social, pues el monto de la indemnización puede triplicarse si se usa el salario mínimo en lugar de la UMA. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas han señalado que el uso de la UMA, creada con fines fiscales y de actualización de multas, resulta insuficiente para reparar integralmente el daño económico causado por una muerte.
Por otro lado, hay posturas que advierten sobre el impacto financiero que un cambio de criterio podría tener para el Estado y las instituciones obligadas a pagar estas indemnizaciones, especialmente en casos de responsabilidad patrimonial. La decisión final de la Corte, que aún está pendiente de votación, sentará un precedente fundamental para miles de juicios civiles y de responsabilidad del Estado que están en trámite en todo el país.
El resultado de este debate en el máximo tribunal no solo resolverá una contradicción técnica, sino que definirá el valor que el Estado mexicano otorga a la vida y a la reparación del daño para las familias en situación de vulnerabilidad tras la pérdida de un ser querido.
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