Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, medida que incluye al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La acción del fisco se basa en la consideración de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no tenía las atribuciones legales para acreditar las actividades de dichas entidades, aun cuando estas habían cumplido con los procesos de certificación ante dicho organismo.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja oficialmente, mientras que el resto enfrenta la incertidumbre sobre la validez de su situación fiscal. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con la acreditación solicitada por la SECIHTI, lo que pone de manifiesto una contradicción entre el cumplimiento reportado por las ONG y la interpretación legal que ahora aplica el SAT.
La discrepancia radica en que las organizaciones siguieron los lineamientos de la secretaría encargada de la materia para validar sus proyectos, pero la autoridad tributaria determina ahora que dicha dependencia no era competente para emitir dichas validaciones con efectos fiscales. Esta interpretación retroactiva deja sin el beneficio de donatarias a entidades que operaban bajo la premisa de estar en regla conforme a las disposiciones vigentes en su momento.
Ante la revocación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, buscando regularizar su situación; sin embargo, no se ha divulgado la resolución final de dicho trámite ni los detalles específicos de las nuevas disposiciones que ahora exige la autoridad para acreditar las actividades de las organizaciones civiles. La falta de claridad sobre los criterios exactos y la lista completa de las más de 100 entidades afectadas genera un clima de inseguridad jurídica en el sector.
Este movimiento del SAT ocurre en un contexto donde diversas fuentes internacionales han señalado tendencias hacia la criminalización o restricción operativa de las organizaciones no gubernamentales, aunque en el caso mexicano el conflicto se centra específicamente en la validez de las acreditaciones burocráticas y las atribuciones de las secretarías de Estado. Las organizaciones afectadas quedan a la espera de definiciones claras que les permitan recuperar su estatus o entender los nuevos requisitos para operar como donatarias autorizadas.
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