Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades de México representan el 50.7% del territorio, con 3,266 núcleos agrarios, sin embargo, solo el 48% tiene actualizados sus órganos de representación.
La falta de órganos de representación actualizados impide a los ejidos hacer trámites, pedir apoyos a dependencias federales para explotar sus bosques, abrir una cuenta bancaria o sacar su registro federal de contribuyentes.
De las 8,764 solicitudes de depuración de padrones recibidas por el Registro Agrario Nacional, que corresponden al 27% del total de núcleos agrarios del país, solo 1,589 se han actualizado, es decir, 4.9%.
Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó la situación como “preocupante” y señaló que “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y poner candados a los elementos jurídicos que dieron pie a los hurtos.
La Ley Agraria fue promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, permitiendo la privatización de la tierra y dando certificados de dominio pleno a los ejidatarios, lo que también les permitió venderla o rentarla.
Los ejidatarios pudieron rentar sus ejidos a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono. Solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado el reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría está mal hecho, mientras que el 64% de los ejidatarios tiene actualizada su lista de herederos.
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