Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La reforma electoral denominada ‘Plan B’ superó este martes la etapa de comisiones en el Senado de la República, obteniendo 24 votos a favor y 11 en contra en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. No obstante, el camino hacia su aprobación definitiva en el pleno se complica debido a la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT) durante la votación y a una fractura interna en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde siete de sus 11 consejeros se deslindaron de un documento crítico enviado por la consejera presidenta.
Para que la reforma constitucional sea aprobada en el pleno del Senado, se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 integrantes de la cámara. Aunque la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) suma teóricamente 90 legisladores, la falta de consenso ha quedado al descubierto. Mientras el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, difundió mensajes asegurando la unidad de la alianza, los nueve senadores del PT no participaron en la sesión de comisiones, manteniendo su postura de no apoyar la iniciativa si no se modifica la fecha propuesta para la revocación de mandato.
El punto central de la discordia radica en el calendario para la consulta de revocación de mandato. Los líderes del PT han argumentado que realizar este proceso en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, otorgaría una ventaja electoral indebida a la presidenta en turno, Claudia Sheinbaum. Esta divergencia deja en incertidumbre el sentido del voto de la bancada laborista en la sesión del pleno programada para este miércoles, ya que su ausencia en comisiones no garantiza automáticamente un voto en contra, pero evidencia la falta de acuerdos previos.
Paralelamente, el órgano electoral enfrentó una crisis de representación respecto a su postura sobre la reforma. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, remitió un documento al Senado señalando las dificultades técnicas y legales que implica el ‘Plan B’. Sin embargo, siete consejeros del instituto —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— emitieron una carta aclarando que dicho documento no fue consensuado en el Consejo General y no representa la postura institucional de la autoridad electoral, lo que debilita la posición oficial del organismo frente al legislativo.
La reforma en discusión incluye modificaciones a diversos aspectos del sistema político, como límites al número de regidurías municipales, restricciones al presupuesto de los congresos estatales y ajustes a los ingresos de los funcionarios electorales. La aprobación en comisiones se logró con mayoría simple, pero el debate en el pleno promete ser tenso dado que el oficialismo necesita asegurar cada voto de sus aliados para alcanzar los dos tercios necesarios. La definición de la bancada del PT y la posible disidencia dentro del Partido Verde serán factores determinantes para el destino de la iniciativa.
Con la sesión del pleno inminente, la presión recae sobre los negociadores de la coalición gobernante para cerrar acuerdos de última hora que eviten el fracaso de la reforma. Mientras tanto, la división mostrada tanto en el legislativo como en el organismo electoral refleja la complejidad política que rodea a los cambios propuestos en la estructura democrática del país.
About The Author
