Por Redacción
Tamaulipas, 03 de agosto de 2026.- El homicidio de Dafne Zapata, una adolescente de trece años, ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, ha generado una reflexión sobre la existencia de estas instituciones. Emilio Ulloa afirmó que este caso pertenece a la categoría de tragedias que “obligan a un país entero a preguntarse cómo fue posible que el Estado permitiera durante años la existencia de instituciones donde la violencia podía presentarse como un método educativo”.
De acuerdo con la información disponible, la Secretaría de Educación Pública nunca autorizó la modalidad educativa de academias militarizadas, ni según la Constitución ni conforme a la Ley General de Educación. A pesar de ello, Ulloa indicó que “durante décadas, numerosas academias privadas vendieron a miles de familias una promesa seductora: convertir adolescentes ‘rebeldes’ en jóvenes responsables mediante una formación inspirada en la vida castrense”.
Sobre los hallazgos posteriores al crimen, el analista detalló que “conforme avanzó la investigación sobre la muerte de Dafne, comenzaron a aparecer testimonios que ya no hablaban de un hecho aislado, sino de prácticas reiteradas: golpes, castigos extremos, ejercicios físicos desproporcionados, aislamiento, humillaciones y un código de silencio impuesto por el temor”.
A estos testimonios se sumaron los antecedentes de otros menores fallecidos en academias similares, lo que permitió identificar “un patrón de violencia institucional más que una simple sucesión de accidentes”. Ante este escenario, Ulloa cuestionó: “Si las autoridades educativas estatales son las responsables de autorizar y supervisar planteles particulares, ¿por qué fue necesaria la muerte de tres menores para iniciar una revisión nacional?”.
Finalmente, se señaló que existe una responsabilidad institucional cuando el Estado omite supervisar adecuadamente. “Cuando el Estado omite supervisar adecuadamente y normaliza vacíos regulatorios o permite que instituciones privadas construyan modelos educativos al margen del marco jurídico, la omisión también produce consecuencias”, expresó Ulloa, quien concluyó que “la disciplina no puede ser sinónimo de violencia”.
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