Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual señala que las más de 132 mil desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad y describen una crisis estructural donde la carga de la búsqueda recae en las familias. Sheinbaum afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la situación pueda clasificarse como un crimen de lesa humanidad, argumentando que este concepto es “otra cosa” definida por la ONU que no se adapta a la realidad del país.
La mandataria advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y acusó al informe de estar orientado a criticar al Estado mexicano. Según Sheinbaum, el documento se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018, utilizando datos de 2009 a 2017 para extrapolar conclusiones hasta 2025. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, respaldó la postura gubernamental y aclaró que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”. Alcalde señaló que el análisis no toma en cuenta indebidamente las acciones realizadas a partir de 2018 por la Cuarta Transformación. El gobierno federal presentó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros, específicamente 43,128 casos, correspondería a personas desaparecidas, pues detectaron señales de actividad posterior a la fecha de desaparición en más de 40,000 casos y confirmaron el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas.
En contraste, el Comité de la ONU aseguró que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y subraya que incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025. El organismo documenta un agravamiento de la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021.
Ante la respuesta del gobierno, la diputada Laura Ballesteros exigió la renuncia de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusándola de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra Piedra y declaró: “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, valoró la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General como “muy importante e histórico”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. Mientras tanto, la Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité, haciendo un llamado a no descalificar la decisión del organismo y a aceptar la ayuda internacional.
About The Author
