marzo 20, 2026
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Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- En medio del debate legislativo por la reforma electoral denominada ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieron discrepancias al interior de la coalición oficialista respecto a la revocación de mandato. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, manifestó su oposición a empatar dicho mecanismo con las elecciones intermedias de 2027, argumentando que tal disposición generaría inequidad política, inestabilidad y podría derivar en periodos presidenciales reducidos a tres años.

Sandoval Flores reconoció abiertamente la existencia de ‘puntos de vista diferentes’ con Morena sobre este punto específico de la iniciativa. El legislador petista subrayó los riesgos de otorgar una ventaja al partido en el poder si la consulta se realiza simultáneamente con el proceso electoral, una postura que contrasta con la confianza expresada por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien aseguró contar con el respaldo unánime del PT y del PVEM basado en un acuerdo previamente firmado, aunque admitió que existen voces internas en desacuerdo sobre la autopromoción del Ejecutivo durante la revocación.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que, de ser consultado por la presidenta, le aconsejaría que ‘no es necesario que se someta a la revocación de mandato’, no obstante, confirmó que su fracción parlamentaria votará a favor de la reforma. Esta dualidad entre la opinión personal y la disciplina de voto refleja la complejidad de las negociaciones para aprobar los cambios constitucionales en materia electoral.

La tensión se profundiza ante declaraciones contradictorias dentro del mismo PT. Mientras Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del partido, afirmó que ‘hasta el momento’ el respaldo a la enmienda se mantiene firme conforme a lo definido por la dirigencia nacional, Sandoval indicó que la postura definitiva sobre la revocación permanece en análisis y será determinada por los senadores, reconociendo que el tema ‘sigue haciendo ruido’ al interior de su fuerza política. Legisladores como Alejandro González Yáñez y Liz Sánchez han participado en estas discusiones, buscando precisiones sobre la redacción de los artículos controversiales.

En el ámbito electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se refirió a la posibilidad de que la presidenta promueva la consulta de revocación como un ‘punto positivo’, calificando el impedimento actual como un ‘contrasentido democrático’. El debate continúa en el Senado, donde se espera que los grupos parlamentarios definan su posición final antes de la votación en el pleno, en un contexto donde la estabilidad política y la equidad en los procesos comicios son los ejes centrales de la controversia.

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