Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a las Fuerzas Armadas de Ecuador de bombardear territorio colombiano, dejando al menos 27 cuerpos calcinados y artefactos explosivos en el suelo, lo que desató una crisis diplomática entre ambos países. Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, negó categóricamente la versión al afirmar que sus operaciones militares se realizan únicamente dentro de sus fronteras contra grupos criminales, muchos de los cuales, insinuó, son de origen colombiano.
Petro declaró a través de sus redes sociales que “el bombardeo no fue de un grupo armado colombiano porque no tiene aviones, no fue de Colombia porque no dio la orden”. El mandatario aseguró que el ataque ocurrió en la frontera compartida, una zona de 600 kilómetros históricamente afectada por la presencia de guerrillas disidentes de las FARC y grupos del narcotráfico. Por su parte, Noboa replicó que “el gobierno ecuatoriano nunca ha operado fuera de su territorio” y que sus acciones están dirigidas a “escondites de grupos criminales dentro del país”.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, respaldó la postura de Noboa y señaló que Ecuador mantiene su compromiso de respetar la soberanía de otras naciones. La tensión se enmarca en un contexto de deterioro bilateral que incluye una guerra comercial iniciada en febrero, la cual ha afectado importaciones y la cooperación energética, incluyendo el transporte de crudo. Además, Ecuador forma parte de la alianza de seguridad “Escudo de las Américas”, promovida por Estados Unidos, lo que añade una capa geopolítica al conflicto.
Petro anunció que presentará una queja formal ante organismos internacionales y solicitó pruebas concretas, como fotografías o coordenadas, para sustentar su denuncia. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas ni la ubicación exacta del supuesto bombardeo. La semana pasada, Ecuador había informado de un ataque a un campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC en su territorio, lo que podría estar relacionado con los hechos denunciados.
Ante la escalada verbal, se anunció la conformación de una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina para abordar la crisis. Analistas consideran que este incidente refleja la compleja situación de seguridad en la frontera, donde la delincuencia transnacional opera aprovechando la porosidad de los límites y las tensiones políticas entre los gobiernos.
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