Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió este jueves que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se originó el 8 de febrero en una de sus instalaciones, a 46 días de que saltaran las primeras alertas. Este reconocimiento contradice las posturas iniciales de la empresa y de autoridades locales, quienes habían deslindado responsabilidades.
Previamente, EL PAÍS había revelado el 30 de marzo, con ayuda de la organización CartoCrítica, que la paraestatal contrató al buque Árbol Grande para reparar una fuga en un ducto submarino en Campeche. Imágenes satelitales mostraron que la embarcación permaneció sobre el ducto 200 horas con una mancha de hidrocarburo a su alrededor. Los primeros residuos de petróleo llegaron a las playas de Veracruz y Tabasco el 1 de marzo.
El 2 de marzo, Pemex se deslindó por primera vez de las manchas de crudo mediante una tarjeta informativa. El 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, responsabilizó a “un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Petróleos Mexicanos”. No fue sino hasta el 13 de marzo que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó su primer pronunciamiento, señalando: “Están trabajando, Pemex y la Secretaría del Medio Ambiente con el Gobierno de Veracruz, pero les vamos a pedir que den más información”.
A pesar de la admisión reciente sobre el origen del derrame en febrero, persisten controversias en zonas específicas. En el río Cazones, donde se reportaron peces muertos y pescadores alertaron sobre residuos en botellas plásticas, Pemex negó la presencia de combustible. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tomó muestras para investigar el origen del contaminante y advirtió evitar el consumo de peces de la zona, aunque no se ha determinado si pertenece al derrame del Golfo; la primera línea de investigación apunta a un escurrimiento desde Poza Rica y Coatzintla provocado por fuertes lluvias.
En otro frente ambiental, la grave sequía que golpeó la Amazonía brasileña entre 2023 y 2024 causó impactos desproporcionados sobre comunidades ya vulnerables. Los habitantes enfrentaron pérdidas de renta, de trabajo e inseguridad alimentaria debido a la reducción del caudal de los ríos y al aumento de incendios, lo que disminuyó la pesca y la cosecha.
El episodio climático, asociado al fenómeno de El Niño, generó problemas de salud como el agravamiento de enfermedades estomacales y respiratorias. Asimismo, las mujeres tuvieron que lidiar con una intensificación del riesgo de violencia de género, derivado de la ampliación de la convivencia con los agresores y al debilitamiento de las redes de apoyo.
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