Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación penal tras confirmarse un derrame de petróleo que ha afectado aproximadamente 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México. La mandataria señaló que existe la presunción de un delito en el caso y dispuso la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) coordina las operaciones de limpieza en las costas de Veracruz y Tabasco.
En su declaración oficial, la jefa del Ejecutivo precisó que el origen principal del vertido no fue la paraestatal, sino un barco perteneciente a una empresa privada. “Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, afirmó Sheinbaum Pardo. No obstante, aclaró que Pemex está prestando ayuda activa para la remediación del océano y las playas impactadas.
Para supervisar directamente la situación, la presidenta instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez, a desplazarse personalmente a la zona del desastre. “Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”, detalló la funcionaria. Esta medida busca agilizar los trabajos de contención y retirar el hidrocarburo de los ecosistemas costeros, que abarcan desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, en Tabasco, cubriendo gran parte del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo.
A pesar de que la fuente principal del derrame se atribuye a un navío de terceros, existen menciones sobre un posible incidente menor vinculado a la refinería Olmeca (Dos Bocas), aunque no se ha esclarecido la naturaleza exacta ni la relación de este evento con el vertido masivo. Las autoridades ambientales, incluyendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), participan en el proceso de investigación y evaluación de daños.
La magnitud del desastre ecológico, que deja una mancha de hidrocarburos en más de 600 kilómetros de costa, ha motivado la intervención federal inmediata. Mientras la FGR determina las responsabilidades penales y la identidad específica de la empresa propietaria del barco involucrado, los esfuerzos se concentran en mitigar el impacto en la biodiversidad marina y en las actividades económicas de las comunidades locales que dependen del litoral.
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