Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED.
El CED activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo señaló que la magnitud de las desapariciones en México podría constituir crímenes de lesa humanidad. La solicitud se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General.
Como prueba de la gravedad, el CED citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas. El comité mencionó que se han localizado más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar, en un contexto de más de 132,000 desaparecidos.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno”, afirmó.
Por su parte, la SRE calificó el informe del CED como tendencioso y sesgado. La dependencia acusó al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual. El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país.
Las autoridades mexicanas argumentaron que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La SRE señaló que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos.
El gobierno mexicano afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019 y con reformas clave en julio de 2025. La SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano. “Es una muy mala señal”, indicó Corcuera. El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año.
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