Brasilia, 03 de abril de 2026.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que Geraldo Alckmin será nuevamente su candidato a vicepresidente para las elecciones de octubre de 2026. El anuncio se realizó durante un encuentro ministerial en la capital brasileña, donde el mandatario detalló los ajustes necesarios en su gabinete de cara a la contienda electoral.
“El compañero Alckmin tendrá que dejar el Ministerio de Industria y Comercio porque se presenta de nuevo como candidato a la vicepresidente de la República”, declaró Lula. Alckmin, de 73 años, ocupa actualmente la vicepresidencia y la cartera de Industria y Comercio. Su salida forma parte de un movimiento más amplio provocado por la próxima campaña, que ha precipitado la renuncia de 18 de los 38 ministros del gobierno.
En otro frente de la carrera electoral, el gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de octubre. Caiado, también de 73 años y miembro del Partido Social Democrático (PSD), presentó su propuesta en un acto celebrado en São Paulo. El gobernante, quien administra Goiás desde 2018 y cuenta con una población de siete millones de habitantes, se posiciona como una tercera vía en un panorama polarizado entre Lula y Flávio Bolsonaro.
Durante su lanzamiento, Caiado hizo referencia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una larga condena por urdir un golpe de Estado. “Mi primer acto será precisamente una amnistía amplia, general e ilimitada”, afirmó el candidato. Caiado, quien ya se enfrentó a Lula en las elecciones presidenciales de 1989 donde quedó en décimo lugar, busca capitalizar el espacio de los candidatos de tercera vía, que según los sondeos rondan el 4% de intención de voto, mientras Lula y Bolsonaro aparecen empatados por encima del 40%.
Paralelamente a los movimientos políticos, el gobierno brasileño implementó nuevas medidas ambientales. A partir del miércoles 2 de abril de 2026, los bancos en Brasil están obligados a revisar la base de datos Prodes, del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), para verificar si las propiedades solicitantes de crédito rural subvencionado han talado árboles desde 2019. Esta norma afecta a créditos por unos 53.000 millones de dólares, que representan un tercio del crédito rural del país.
La medida busca cumplir la promesa de Lula de eliminar completamente la deforestación para 2030. El último balance anual indica que la Amazonia perdió 5.796 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, un 11% menos que el año anterior. Sin embargo, casi una quinta parte del crédito subvencionado otorgado entre 2020 y 2023 fue para operar propiedades deforestadas. Andre Lima comentó sobre la nueva regulación: “Así convertimos a cada gerente de banco que gestiona créditos subsidiados en un inspector de deforestación ilegal”.
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