Por Redacción
Brooklyn, Estados Unidos, 18 de marzo de 2026.- Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, se declaró inocente este martes ante un juez federal en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, Brooklyn, por cargos de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. El exlíder del cártel de Los Caballeros Templarios, quien ya cumple una condena de 47 años en México, enfrenta ahora un proceso judicial en territorio estadounidense que podría agregar hasta cuatro décadas de prisión, tras ser extraditado en agosto de 2025 como parte de un acuerdo bilateral.
La audiencia, celebrada el 17 de marzo, marca el inicio formal del juicio contra uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses. Gómez Martínez, conocido por su papel como fundador de La Familia Michoacana y posteriormente de los Templarios, acudió ante el magistrado con su abogado defensor Thomas Ambrosio, quien formalizó la declaración de no culpabilidad ante los cargos presentados por un gran jurado federal.
El proceso legal en Estados Unidos se da a pesar de que el capo fue sentenciado en 2022 por un tribunal mexicano a 47 años de cárcel por delitos contra la salud, delincuencia organizada y secuestro. Su extradición, junto con la de otros 25 reos, fue autorizada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo el compromiso de que los acusados no enfrentarían la pena de muerte en territorio estadounidense.
La próxima audiencia en el caso está programada para el 24 de junio de 2026, donde se espera que la fiscalía presente más elementos sobre las acusaciones de narcotráfico, que según las leyes federales de EU pueden acarrear condenas máximas de 40 años de prisión. El juez John G. Koeltl, quien ha llevado casos previos relacionados con el extraditado, podría ser el encargado de dirigir el proceso.
La defensa de ‘La Tuta’ enfrenta el desafío de lidiar con un sistema judicial distinto al mexicano, donde las condenas por narcotráfico suelen ser más largas y las posibilidades de apelación más limitadas. Además, el caso prueba los mecanismos de cooperación internacional en materia penal, particularmente en lo referente a doble jurisdicción y cumplimiento de condenas en casos de extradición.
El contexto de este juicio se enmarca en la política de seguridad compartida entre México y Estados Unidos, que en los últimos años ha intensificado la extradición de narcotraficantes de alto perfil. Sin embargo, también abre debates sobre la doble incriminación y los derechos de los reos trasladados entre naciones, particularmente cuando ya enfrentan condenas largas en sus países de origen.
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