Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya (penal del Altiplano) brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución concede el amparo presentado por el interno debido a la falta de atención por parte del área de salud del penal desde el 13 de abril de 2026.
Según los hechos establecidos, Palma Salazar fue diagnosticado con tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático. El recluso presenta dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar, así como insomnio. El juez federal determinó que se le otorgue servicio médico y los tratamientos necesarios tras ignorarse su situación durante semanas.
En otro acontecimiento relacionado con el mismo centro penitenciario, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al penal del Altiplano. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026. Su traslado se realizó en un avión militar que partió de la base aérea de Hermosillo a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026.
El familiar de ‘El Chapo’ llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas del 27 de mayo de 2026 con destino final al Estado de México. Se desconoce si a su llegada al penal será puesto inmediatamente a disposición de un juez. Con este movimiento, Isaí Martínez se convierte en el cuarto familiar directo de Guzmán Loera que ingresa al penal del Altiplano.
Por separado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigió una carta al juez de distrito Brian M. Cogan en Estados Unidos solicitando “trato justo” y garantías constitucionales. En el documento, el narcotraficante denunció presuntas irregularidades en el caso que enfrenta y afirmó que sus derechos constitucionales “han sido vulnerados”.
“Solicito recibir un trato justo en este país. De acuerdo con los principios constitucionales y las leyes aplicables en la corte, tengo derecho a comunicarme y a ser escuchado, así como a la igualdad en la protección de mis derechos”, escribió Guzmán Loera. Asimismo, señaló que la declaración se presenta como una preocupación ante el tribunal respecto al cumplimiento de sus derechos dada la “aparente falta de evidencia bajo la ley federal”.
Ante la solicitud, el juez Brian M. Cogan respondió que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión de Guzmán están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir. El sentenciado pidió en su misiva “atender mi solicitud de justicia y equidad conforme a la ley”.
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