ARCHIVO/EFE/ José Méndez
Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- La pobreza laboral en México disminuyó a 30.7% en el primer trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 3.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, según datos reportados por el INEGI.
En el ámbito rural, la pobreza laboral descendió 3.8 puntos porcentuales, pasando de 48.0% a 44.2%, mientras que en las zonas urbanas la disminución fue de 2.8 puntos porcentuales, de 29.7% a 26.9%. Los estados con los mayores porcentajes de población en esta condición fueron Chiapas (60.8%), Oaxaca (52.7%) y Guerrero (47.7%). Por el contrario, Baja California Sur (14.1%), Baja California (16.3%) y Colima (19.9%) registraron los niveles más bajos.
El ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 8,110.67 pesos mensuales en este primer trimestre. Se observó una brecha de género: los hombres ocupados reportaron un ingreso de 8,795.62 pesos, mientras que las mujeres percibieron 7,126.15 pesos, una diferencia de 1,669.47 pesos. Quienes trabajan bajo la formalidad obtuvieron un promedio de 11,157.72 pesos, con un aumento anual del 4.1%, mientras que la población informal reportó ingresos de 5,751.41 pesos, con un incremento del 6.6%.
En materia de confianza institucional, la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap) 2025, levantada entre septiembre y octubre de 2025, reveló que tres de cada cuatro personas de 18 años y más tienen un nivel de confianza alto o moderadamente alto en las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Asimismo, el 61% de la población manifestó ese nivel de confianza en la Guardia Nacional.
La confianza en otros órganos de gobierno varió: el 56.3% de la población de 18 años y más tiene confianza alta o moderadamente alta en los empleados del gobierno federal, y el 53% confía en el gobierno federal en general. Para los gobiernos estatales y municipales o de alcaldías, las cifras fueron de 47.7% y 47%, respectivamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y las personas juzgadoras cuentan con la confianza del 50.7% de la población, mientras que el Congreso de la Unión obtuvo 41% y los congresos estatales 38.8%.
Respecto a la percepción de corrupción, el 84.9% de la población consideró probable que un servidor público acepte una oferta de dinero por parte de un ciudadano o empresa. Además, el 82.4% reportó que es probable que las personas con cargos de representación acepten una oferta laboral en el sector privado cuando esto implique otorgar un favor político.
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