Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo. La decisión judicial establece que existen pruebas necesarias para formular la imputación en relación con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos.
La magistratura determinó que los elementos presentados son suficientes para avanzar hacia la siguiente fase del proceso legal. La audiencia de vinculación a proceso ha sido programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali, donde se definirá la situación jurídica definitiva del exmandatario.
Jaime Bonilla Valdez mantuvo su postura de inocencia tras la resolución, argumentando que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, sino que la empresa Next Energy era la encargada del proyecto. El exgobernador señaló que únicamente existía una garantía de depósito para pagar la primera mensualidad y calificó como una “narrativa errónea” las acusaciones provenientes de la administración actual y los medios de comunicación.
En su defensa, Bonilla cuestionó por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto durante su administración, sugiriendo que la responsabilidad debería ser compartida con el poder legislativo que validó la propuesta. Hasta el momento, no se han emitido citatorios para los legisladores involucrados según la información disponible.
La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró que la denuncia surgió debido a inconsistencias detectadas en los contratos y en la ejecución del proyecto, enfatizando que se trata de un asunto legal y no de una confrontación personal. Las autoridades investigan las irregularidades que derivaron en la retención y posterior regreso de los fondos públicos asignados a la iniciativa energética.
Este caso marca un nuevo capítulo en la revisión de las obras y contratos realizados durante el sexenio de Bonilla, poniendo bajo escrutinio judicial la gestión de recursos para proyectos de infraestructura energética en la entidad. La próxima audiencia del 23 de marzo será determinante para conocer si el exgobernador queda vinculado a proceso formalmente.
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