Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que se enfoca en medidas de austeridad, recortes presupuestales y reestructuración de gastos locales, luego de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional más amplia propuesta por la presidenta. La propuesta, presentada este martes durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, busca reducir el número máximo de regidurías municipales a 15, establecer un tope del 0.7% del gasto estatal para los congresos locales y reducir progresivamente hasta un 15% los gastos del Senado, además de fijar la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial para el año 2027.
La iniciativa se enmarca en la política de “austeridad republicana” de la llamada Cuarta Transformación y surge como una alternativa tras el fracaso legislativo de la reforma constitucional original, que proponía, entre otros puntos, reducir legisladores plurinominales y el financiamiento a los partidos políticos. El “Plan B” se centra en aspectos que, según el gobierno, no requieren modificar la Constitución o podrían contar con mayor consenso en el Congreso.
“Siempre hubo un plan B”, afirmó Rodríguez durante la presentación, sin detallar el monto específico de ahorro que se proyecta con las medidas. La propuesta también incluye la realización de la consulta de revocación de mandato, aunque la fecha para este ejercicio aún no está definida en el texto enviado, generando reacciones inmediatas en la oposición.
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, ya se pronunció al respecto, calificando de “electoralera” la inclusión de la revocación de mandato para 2027 o 2028, y advirtiendo que su partido analizará la propuesta. Hasta el momento, no se conoce la postura oficial y detallada de otros partidos con representación en el Congreso, como Morena, PAN, PRI, PRD, PT o PVEM, frente a esta nueva iniciativa.
El contexto político indica que el gobierno busca capitalizar el discurso de la austeridad y el combate a lo que llama “privilegios” en las estructuras políticas locales y federales, tras no lograr los votos necesarios para la reforma constitucional. El desglose del voto que rechazó la reforma original y la fecha exacta de aquella votación son datos que aún no han sido proporcionados oficialmente de manera detallada.
El siguiente paso para el “Plan B” será su discusión y eventual votación en el Senado de la República, donde el oficialismo y sus aliados buscarán los votos necesarios para su aprobación, en un escenario donde la oposición podría encontrar puntos de coincidencia en las medidas de recorte, pero discrepancias en otros aspectos como la elección de juzgadores y la revocación de mandato.
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