Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General.
La decisión del CED se basa en información que “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Además, el organismo advirtió que en algunos casos recibió “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
En contraste, el gobierno mexicano señaló que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017, correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Asimismo, las autoridades federales indicaron que el documento se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
El gobierno mexicano sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. El CED subrayó “que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas”.
El gobierno presentó su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006. Las autoridades señalaron que el informe de la ONU omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan.
Finalmente, el gobierno mexicano refutó que “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
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