Archivo. EFE/EPA/CJ GUNTHER
Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda federal contra la Universidad de Harvard por presunta discriminación antisemita, en lo que representa la tercera acción legal de la Administración Trump contra la institución académica. La querella busca recuperar subvenciones federales por miles de millones de dólares otorgadas a la universidad, alegando que no protegió adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes durante las protestas propalestinas ocurridas en el campus.
La acción judicial fue presentada este viernes ante un tribunal federal de Boston. El gobierno sostiene que la universidad permitió un ambiente hostil hacia alumnos de origen judío durante manifestaciones antiisraelíes que se extendieron por 20 días en el campus. Según la demanda, estos incidentes incluyeron acoso y agresión física contra estudiantes, aunque no se especifican cifras concretas de víctimas ni fechas exactas de los episodios.
El conflicto se enmarca en las protestas que surgieron en 2023 y 2024 tras el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre. Manifestantes propalestinos establecieron campamentos en la universidad, lo que derivó en denuncias de estudiantes judíos sobre falta de protección institucional. La Administración Trump había amenazado previamente en febrero de 2025 con retirar fondos federales a Harvard, medida que fue bloqueada por un juez en ese momento.
La Universidad de Harvard emitió un comunicado público en respuesta a la noticia de la demanda, aunque no se ha detallado su respuesta legal formal ante el tribunal. La institución mantiene que ha implementado medidas para garantizar la seguridad de todos los estudiantes en el campus, pero el gobierno federal considera que estas acciones fueron insuficientes para prevenir la discriminación antisemita.
Esta demanda forma parte de una serie de acciones del Departamento de Justicia contra instituciones educativas que, según el gobierno, no han cumplido con las obligaciones federales de proteger a estudiantes de minorías religiosas. El monto exacto de las subvenciones que se pretenden recuperar no fue especificado en los documentos públicos, solo se menciona que asciende a miles de millones de dólares.
El caso pone en evidencia la tensión entre la autonomía universitaria y las condiciones impuestas por el financiamiento federal. Expertos en educación superior señalan que el resultado de este litigio podría establecer precedentes sobre cómo las instituciones académicas deben manejar protestas políticas en sus campus sin violar derechos de estudiantes de diferentes grupos religiosos y étnicos.
La disputa legal continúa su curso en el sistema judicial federal, mientras la universidad y el gobierno preparan sus argumentos para las próximas audiencias. El caso mantiene atención de medios y sectores académicos por sus implicaciones en la política educativa y los derechos civiles en Estados Unidos.
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