Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por el presunto homicidio de cuatro personas y la tortura de otras diez durante un operativo registrado el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.
El juzgador libró un total de 16 mandamientos de captura contra exservidores públicos. Además de Aureoles Conejo, en la lista figura Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, así como 14 agentes de la Policía Estatal de Michoacán. Los delitos imputados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad; los dos primeros contemplan prisión preventiva de oficio.
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó los mandamientos de captura, según medios locales. La Fiscalía General del Estado informó que dicho juez también giró otra orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona y contra los 14 agentes policiales por este caso ocurrido hace nueve años.
Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua y recuperar 17 tráilers y tres camionetas retenidas por la comunidad. El operativo derivó en un enfrentamiento entre agentes y pobladores. Informes señalan que en cuatro horas se registraron cuatro asesinatos, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. Además, siete policías resultaron heridos.
Contra el ex mandatario estatal también hay una orden de aprehensión por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero; se le considera prófugo. Aureoles, miembro del entonces Partido de la Revolución Democrática, y Bernardo Corona son buscados por personal de la fiscalía estatal desde 2023, al haber órdenes de aprehensión en su contra por un presunto desfalco millonario del erario público tras la construcción a sobreprecio de cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato.
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