Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico. La medida surge en un contexto de tensión diplomática entre ambos países, marcado por la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y disputas recientes sobre deportaciones.
De acuerdo con información citada por el periódico The New York Times, que se basa en tres personas familiarizadas con el asunto, las autoridades estadounidenses están examinando supuestas reuniones y solicitudes de donaciones que involucrarían al mandatario colombiano. Aunque los detalles específicos de las evidencias no han sido hechos públicos, la apertura del caso marca un punto crítico en la relación bilateral.
Ante las consultas de la prensa, Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios respecto a la existencia o el alcance de dichas indagatorias. De igual forma, no se ha obtenido una respuesta oficial por parte de la Presidencia de Colombia ni de la Fiscalía Federal de Brooklyn sobre las acusaciones o el estatus preciso del procedimiento legal.
Esta investigación se desarrolla en medio de un deterioro notable en las relaciones entre Washington y Bogotá desde enero de 2025, tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Las tensiones se han exacerbado por la negativa del gobierno colombiano a recibir vuelos militares estadounidenses con deportados y la decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en materia de control de drogas.
La falta de confirmación oficial sobre la naturaleza exacta de las pruebas o la fase procesal de la investigación mantiene la incertidumbre sobre las posibles consecuencias jurídicas y políticas para el gobierno de Petro. Mientras las agencias estadounidenses avanzan en sus análisis, la comunidad internacional observa la evolución de un caso que podría redefinir la dinámica de seguridad y cooperación en la región.
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