Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- En un contexto marcado por la incertidumbre y la demanda de justicia, familiares de personas desaparecidas en diferentes estados del país se han manifestado para exigir resultados concretos a las autoridades, justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana se dará a conocer el nuevo registro nacional de personas desaparecidas. La coyuntura reúne desde casos de larga data, como el del autobús Pirasol con 16 años de antigüedad, hasta desapariciones recientes de ciudadanos mexicanos y colombianos en la frontera norte.
En la capital del país, la angustia de los familiares se hizo presente con testimonios directos sobre la falta de claridad en las investigaciones. Adilene Martínez, esposa de Jesús Salvador Ramos Jaime, quien fue reportado como desaparecido, cuestionó la situación de su familia ante los hechos: “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”. Por su parte, Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, denunció que, a un mes de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha proporcionado respuestas claras sobre el avance de las indagatorias.
Mientras tanto, en Baja California, las autoridades enfrentan el desafío de localizar al menos a cinco ciudadanos colombianos desaparecidos en la región. Arturo Mandujano, fiscal regional de Rosarito, informó sobre las últimas pistas relacionadas con Eyder Andrés Marín Agudelo, quien logró comunicarse con su expareja para mencionar un percance antes de perderse el contacto. El funcionario detalló que hay dos teléfonos involucrados: uno parece ubicarse por la carretera Tijuana-Rosarito y el otro por la vía Rosarito-Ensenada, aunque se desconoce si la desaparición ocurrió específicamente en el municipio de Rosarito o en Tijuana.
La búsqueda de justicia también abarca casos históricos que mantienen viva la movilización social. María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del colectivo “Caso Pirasol”, continúa buscando a su hermano Rafael, uno de los dos choferes del autobús desaparecido hace más de una década y medio. Este caso, que involucra a más de 30 personas desaparecidas, simboliza la persistencia de las familias mexicanas que, ante la lentitud institucional, han tenido que generar sus propias estrategias de búsqueda y presión social.
Entre los reportes recientes surge un dato que ofrece un respiro parcial: según confirmó la reportera Itzel Cruz Alanís, Naomy Geraldine Rojas Cervantes fue localizada y ya se integra con su familia. Sin embargo, la situación refleja la complejidad del panorama, pues aunque existe confirmación periodística de su hallazgo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la desactivación de su ficha de búsqueda, lo que evidencia las discrepancias que a menudo caracterizan estos procesos.
Frente a este escenario de múltiples frentes y demandas acumuladas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “esta semana se dará a conocer el registro de personas desaparecidas en el país”. Este anuncio gubernamental llega en un momento crítico donde la sociedad civil y los colectivos de familiares esperan que las nuevas cifras y estrategias no sean solo datos administrativos, sino el punto de partida para acciones efectivas que permitan cerrar las heridas abiertas por la desaparición forzada y la violencia en México.
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