Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, invocó la libertad de expresión para apelar su condena, mientras que el delegado del primer equipo del Barcelona, Carles Naval, declaró como testigo en el caso Negreira.
Diddy cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión tras ser condenado en 2025 por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución. Sus abogados presentaron argumentos ante un tribunal de apelaciones en Nueva York para intentar liberarlo, denunciando que la sentencia de 50 meses ha sido la más alta recibida por un acusado bajo la Ley Mann en circunstancias parecidas.
La defensa de Diddy argumentó que las fiestas ‘freak-off’ eran actuaciones sexuales altamente coreografiadas. Sus abogados señalaron que “eran actuaciones sexuales altamente coreografiadas que implicaban el uso de disfraces, juego de roles y luces escénicas, que eran grabadas para que Combs y sus novias pudieran ver después esta pornografía amateur”.
Los abogados explicaron que “la producción pornográfica y su visionado está protegida por la Primera Enmienda y por tanto no puede perseguirse constitucionalmente”. Los fiscales se opusieron a la apelación señalando que el rapero “contrató y transportó trabajadores sexuales”.
Los fiscales señalaron que, si se le diera la razón, “cualquier acusado que transportó a otros para cometer prostitución podría esquivar responsabilidad simplemente mirando o grabando sexo”. El panel de tres jueces que presidió la sesión no se inclinó por ninguna parte y uno de ellos dijo estar ‘perdido’ durante los argumentos de la defensa. No hay un plazo claro para que el tribunal se pronuncie al respecto.
En España, en el caso Negreira se investiga el pago de más de 7 millones de euros durante años al que fue el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira. Naval aseguró ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que él recibía los informes sobre árbitros por correo electrónico y una vez confirmado su contenido validaba su existencia para que fueran pagados.
Naval explicó que los informes servían para describir las características de cada árbitro y poner en manos de los técnicos azulgranas información para gestionar cuestiones propias de cada partido en la relación con los árbitros. El tesorero del club, Alfons Castro, acudió ante el juez en representación del Futbol Club Barcelona y subrayó que la entidad siempre actuó de forma correcta, atendiendo a la legalidad y a su evolución.
Naval negó conocer quién firmaba los informes, si José María Enríquez Negreira o su hijo, Javier Enríquez. La defensa del expresidente Josep Maria Bartomeu ha demandado que se incluyan como testigos al extrenador del Barça B entre 2015 y 2018, Gerard López, y al delegado de campo del filial, Antonio Alonso.
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