marzo 24, 2026
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Guadalajara, 24 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México formalizó la destitución de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de la República de Filipinas en Guadalajara, tras ser señalado por autoridades estadounidenses de mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La resolución de cese, que tuvo efecto definitivo el 2 de marzo de 2026, fue publicada oficialmente el 23 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante la cancelación de la Autorización Definitiva Número Uno que lo acreditaba.

La medida es consecuencia directa de las sanciones impuestas el 19 de febrero de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El organismo estadounidense incluyó en su lista negra a Camarena de Obeso, a su empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, así como a un complejo turístico, otras cuatro personas y 16 compañías más, bajo la acusación de operar un esquema fraudulento asociado al grupo delictivo.

Martín Camarena de Obeso había sido nombrado originalmente en el cargo el 27 de febrero de 2002, durante la administración del presidente Vicente Fox, y su designación fue ratificada en 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su función como cónsul honorario no era remunerada y su circunscripción abarcaba diversos estados del noroeste y occidente de México, aunque la investigación no detalla la naturaleza específica de las actividades ilícitas atribuidas ni la participación de otras entidades sancionadas conjuntamente.

La publicación en el DOF confirma la revocación total de sus facultades consulares, alineando la posición del gobierno mexicano con las determinaciones de seguridad internacional emitidas por Washington. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas por parte del ex funcionario sobre las acusaciones, ni se ha especificado si el gobierno de Filipinas emitió algún pronunciamiento respecto a la destitución de su representante en la ciudad tapatía.

Este caso marca un precedente en la revisión de credenciales de funcionarios consulares en México ante reportes de organizaciones criminales transnacionales. La inclusión de una firma inmobiliaria y un complejo turístico en la lista de la OFAC sugiere una estrategia de lavado de activos o fachada comercial, aunque los detalles operativos del presunto esquema no fueron divulgados en los documentos oficiales disponibles.

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