Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales del país, como respuesta urgente a la parálisis operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) derivada de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La decisión, anunciada en medio de una crisis presupuestaria que lleva cinco semanas, busca mitigar el colapso en los controles de seguridad, donde se reportan tiempos de espera de hasta tres horas y una tasa de ausentismo del 11.76 por ciento.
La medida fue presentada por autoridades federales como una ayuda necesaria para aliviar la carga de trabajo del personal de la TSA, quienes han trabajado sin sueldo completo desde el 14 de febrero tras el rechazo del Senado por quinta vez a su financiamiento. Entre los involucrados en la gestión de la crisis figura Tom Homan, identificado en los datos oficiales como zar de la frontera de la Casa Blanca, así como funcionarios del DHS. Sin embargo, la implementación ha generado inmediatas controversias debido a las limitaciones operativas de los nuevos efectivos.
De acuerdo con el contexto proporcionado, los agentes del ICE desplegados no cuentan con la capacitación requerida para realizar funciones críticas de seguridad aeronáutica, como la operación de escáneres de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos. Su labor se ha restringido a tareas auxiliares, incluyendo el manejo de filas y vigilancia periférica, lo que ha llevado a reportes que califican la solución como incompleta, pues no aborda el cuello de botella en los puntos de inspección donde se concentran los mayores retrasos.
Los efectos de la escasez de personal ya son tangibles en nodos aéreos clave. En el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, los pasajeros enfrentaron esperas de casi tres horas, mientras que en el aeropuerto George Bush de Houston los retrasos alcanzaron las dos horas y en el JFK de Nueva York superaron la hora. La situación ha motivado más de 400 renuncias en la TSA y ha elevado la tasa nacional de ausencias, complicando el flujo de viajeros en plena temporada operativa.
La reacción política ha sido dividida y tensa. Mientras la administración defiende el despliegue como un recurso temporal indispensable, figuras como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, han criticado la medida calificándola de inaceptable y ajena a la misión original del ICE. Incluso dentro del partido republicano, la senadora Lisa Murkowski expresó reservas sobre la estrategia. Por su parte, Andre Dickens, alcalde de Atlanta, también se pronunció sobre la situación que afecta directamente a su ciudad.
Esta movilización de fuerzas federales subraya la gravedad del estancamiento legislativo en el Senado, que mantiene al DHS sin presupuesto aprobado desde febrero. La tensión entre el anuncio gubernamental de una solución y los reportes de ineficacia en el primer día de operaciones refleja la complejidad de sustituir personal especializado con agentes de otra corporación. Mientras no se resuelva la parálisis presupuestaria, se espera que la presencia del ICE en las terminales aéreas continúe, aunque sin garantizar la reducción de los tiempos de espera que motivaron su intervención.
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