Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza realizados tras un derrame de hidrocarburo en el litoral son inadecuados y carecen de equipo de protección suficiente, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) está ejecutando todas las acciones necesarias para limpiar el océano y las playas afectadas.
El vertido, que según informes gubernamentales fue detectado hace dos semanas, ha contaminado varios kilómetros de la costa en la región sur de Veracruz. Organizaciones como el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño han elevado la voz de alerta sobre los daños económicos y sanitarios que enfrentan los pobladores, incluyendo reportes sobre la venta de pescado contaminado y posibles prácticas de limpieza con disolventes que podrían agravar el impacto ambiental.
Una contradicción central marca el desarrollo del caso: mientras la jefa del Ejecutivo federal aseguró categóricamente que el derrame fue provocado por un barco, aunque precisó que la empresa responsable aún no ha sido determinada, las comunidades indígenas sostienen que el origen del incidente no ha sido esclarecido, refiriéndose a la posibilidad de un “barco fantasma” cuya identidad permanece oculta.
En respuesta a la contaminación, agencias federales como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) participan en el proceso, aunque hasta el momento no se han divulgado resultados oficiales de sus investigaciones ni estudios sobre el impacto a la salud de la población y el ecosistema.
La situación ha generado tensión entre la narrativa oficial de remediación y la percepción local de vulnerabilidad. Los habitantes de la zona costera insisten en que la falta de transparencia sobre el responsable del derrame y la metodología de limpieza empleada ponen en riesgo su medio de vida y su integridad física, exigiendo claridad ante la magnitud del desastre ecológico.
Ante la ausencia de fechas exactas de inicio del derrame y de las conferencias de prensa donde se expusieron estas posturas, la controversia se mantiene abierta. El gobierno federal mantiene su posición de que se está actuando con celeridad, mientras que los actores sociales locales continúan documentando las deficiencias percibidas en la operación de limpieza desplegada en la región.