Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición formada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue filed ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, marcando un nuevo frente de batalla legal contra las políticas ambientales federales implementadas en febrero de 2026.
El núcleo de la demanda sostiene que la EPA actuó de manera ilegal al anular una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Según los argumentos presentados por la coalición de estados y localidades, la decisión de la administración Trump de descartar dicho hallazgo se produjo en contra del consenso científico existente, motivando la intervención legal de las entidades subnacionales afectadas.
Se prevé que esta nueva demanda se sume a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, consolidando así una oposición jurídica amplia frente a la política de desregulación ambiental. La participación de 24 estados en esta coalición refleja la magnitud del desacuerdo entre los gobiernos locales y la dirección federal respecto a la gestión de los riesgos climáticos y sus implicaciones sanitarias.
La disputa legal se centra en la validez de los procedimientos administrativos utilizados por la EPA para justificar el cambio de postura respecto a los contaminantes que contribuyen al calentamiento global. Al cuestionar la base científica de la revocación, los demandantes buscan que el tribunal restablezca las protecciones anteriores o declare la ilegalidad de la acción ejecutiva tomada a principios de año.
Este litigio se desarrolla en un contexto de tensión entre las autoridades federales y diversas jurisdicciones estatales que mantienen compromisos con la mitigación del cambio climático. La resolución del caso en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia podría establecer un precedente crucial sobre la capacidad de la agencia federal para modificar regulaciones ambientales basadas en interpretaciones que contradigan hallazgos científicos previos.
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