Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, logrando detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían la ocupación “hasta tener resultados”. El líder, identificado también como el cobanaro de Ohuira, advirtió que sostendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, sentenció Montaño respecto a las autoridades.
El proyecto, desarrollado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco y cuenta con un avance del 88%. La obra está financiada con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. El conflicto por esta planta de amoniaco y metanol inició en 2014.
Los manifestantes denuncian impactos ambientales severos, señalando que se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar en la bahía de Ohuira, sitio declarado RAMSAR. Además, alertan que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco, descargando el líquido a la bahía con una temperatura hasta tres grados superior a la original.
Montaño Valenzuela expresó su preocupación por las consecuencias humanas y ecológicas: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. Un informe de la propia empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, lo que impactaría a más de 40,000 personas. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Ante la escalada del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. Por ello, la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso.
La protesta ha trascendido fronteras, pues ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos públicos destinados al proyecto. Por su parte, el colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán.
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