Por Luis Martínez Alcántara
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el proceso de adecuación a su nueva integración, publicando las reglas para la conclusión de labores de los actuales ministros. Esta medida responde a la reciente reforma judicial que establece la elección popular de jueces, ministros y magistrados a partir de 2025, transformando la estructura del Poder Judicial en México.
Uno de los casos más destacados es el del ministro Luis María Aguilar, cuyo periodo de 15 años concluyó el 30 de noviembre de 2024. Aunque presentó su carta de renuncia, la nueva normativa exige que los jueces actuales permanezcan un año más en sus funciones, en espera de ser reemplazados por los ministros electos por voto popular en 2025. Esta situación ha generado incertidumbre sobre la permanencia de Aguilar en la Corte y la operatividad del pleno con solo 10 ministros.
La presidenta de la SCJN, ministra Norma Piña, ha expresado críticas hacia la reforma judicial impulsada por el partido Morena. Señaló que se ha tildado de “traidores” a los jueces que no se alinean con el proyecto político dominante, lo que, según ella, socava la independencia del Poder Judicial. Estas declaraciones reflejan la tensión existente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a la implementación de la reforma.
La SCJN estableció lineamientos específicos para la transición de sus integrantes, garantizando la continuidad en la impartición de justicia durante este periodo de cambios. Estas reglas contemplan la extensión temporal de funciones de los ministros actuales y los procedimientos para la incorporación de los nuevos miembros electos. El objetivo es asegurar una transición ordenada y minimizar el impacto en las labores jurisdiccionales.
La implementación de la elección popular de ministros representa un cambio histórico en el sistema judicial mexicano. Esta transformación busca democratizar la conformación de la SCJN, acercando a la ciudadanía en la selección de sus máximos representantes judiciales. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de independencia y eficacia del Poder Judicial, aspectos que deberán ser cuidadosamente monitoreados en los próximos años.
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