Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece un límite máximo del 50 por ciento de la remuneración de la presidencia para las pensiones de exfuncionarios públicos. La decisión, tomada el 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, modifica el marco legal para jubiliaciones de altos cargos, aunque mantiene exenciones específicas para ciertos sectores y tipos de prestaciones.
El dictamen fue sometido a votación en el pleno legislativo, donde surgieron discrepancias entre distintos medios sobre los resultados numéricos finales. Mientras el Semanario ZETA reportó 458 votos a favor, el portal Quadratín detalló un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de estas diferencias en las cifras, la minuta avanzó para ser remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación.
La nueva disposición constitucional fija el techo de las pensiones con base en el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, el texto aprobado incluye exclusiones explícitas: el límite no aplica para los miembros de las Fuerzas Armadas, ni para los haberes de retiro que ya se encuentran vigentes. Tampoco afecta a las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, así como aquellas derivadas de aportaciones sindicales y las no contributivas.
Durante la sesión, se registraron protestas de grupos de jubilados de empresas como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes se manifestaron en el exterior del recinto parlamentario. En el interior, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó reservas durante la discusión de la iniciativa, según lo señalado por reportes periodísticos.
Además de los aspectos económicos, la reforma incorpora cambios en el lenguaje utilizado en la normativa para adoptar una perspectiva de género inclusiva. Con la aprobación en la cámara baja, el proceso legislativo continúa ahora en las entidades federativas, cuyo respaldo es indispensable para que el tope a las pensiones de la llamada “burocracia de oro” entre en vigor formalmente.
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