Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo de 13 de los 14 senadores del Partido Verde Ecologista de México, según anunció el coordinador Manuel Velasco Coello. La iniciativa busca reducir el gasto electoral, limitar presupuestos de congresos locales y establecer mecanismos para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que la Cámara alta prepara la votación final de la reforma en los próximos días. El objetivo del bloque oficialista es alcanzar el 80 por ciento de apoyo legislativo para consolidar la ratificación de mandato que podría someterse a consulta ciudadana durante 2027 o 2028.
El Plan B electoral incluye la reducción de regidores en ayuntamientos, límites al gasto de congresos locales equivalente a 0.7 por ciento del presupuesto estatal, y modificaciones al instituto electoral para permitir que el titular del Ejecutivo se pronuncie durante el proceso de revocación. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, destacó que la reforma busca optimizar recursos democráticos.
En paralelo, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Los consejeros actuales nombrados en 2017 por acuerdo entre PRI, PAN y PRD han sido criticados por el oficialismo, lo que genera un escenario de renovación institucional simultánea a la reforma electoral.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció una iniciativa local para armonizar la legislación estatal con el Plan B federal. Esta medida refleja la estrategia de coordinación entre gobiernos estatales y el ejecutivo federal para implementar los cambios electorales de manera uniforme en todo el territorio nacional.
La oposición, representada por el diputado federal Elías Lixa del PAN, ha expresado reservas sobre los alcances de la reforma. Sin embargo, el respaldo del PVEM resulta determinante para alcanzar los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso y aprobar los cambios constitucionales requeridos.
La reforma electoral se enmarca en un contexto de consolidación del proyecto político de la cuarta transformación, que busca reducir costos de procesos democráticos y fortalecer mecanismos de participación ciudadana. Los analistas prevén que la implementación del Plan B generará ahorros administrativos significativos, aunque las cifras específicas no han sido publicadas oficialmente.
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